Introducción

En el marco del conflicto armado colombiano, algunos hechos políticos recientes han dado un giro no solo a la historia del país, también han implicado nuevas reflexiones, cuestionamientos y maneras de comprender las dinámicas sociales que se derivan de algunos hechos asociados a la tramitación del conflicto. Se hace referencia específicamente a la promulgación de la Ley 1448 del 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”. Una de las orientaciones más importantes de dicha ley la constituye el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas PAPSIVI, que dispone el conjunto de actividades, procesos y procedimientos de carácter interdisciplinar para la atención.

La implementación de dicho programa ha cumplido ya más de una década en el país, y las voces de las víctimas sobrevivientes empiezan a circular alrededor de los efectos y las consecuencias que la atención recibida o no, ha tenido en sus procesos de recuperación emocional. En el escenario actual del post acuerdo, se evidencia que, si bien la política pública ha logrado avances significativos en materia de reparación administrativa, el reconocimiento subjetivo y la dignificación de los sobrevivientes permanecen como tareas pendientes en los territorios (Ospina-Alvarado et al., 2022). En coherencia con ello durante los años 2021 y 2023 la Universidad de Caldas, Universidad de Manizales y Universidad Católica Luis Amigó generaron una alianza estratégica en investigación en el marco de la convocatoria “Hacia una mayor comprensión del conflicto armado, las víctimas y la historia reciente de Colombia”, del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

La alianza interuniversitaria se estableció para la formulación y ejecución del proyecto “Modelo de acción psicosocial comunitaria desde la perspectiva de las memorias de las víctimas en Colombia”, cuyo propósito era proponer un modelo de atención construido desde la perspectiva de la reconstrucción de memorias, integrando prácticas comunitarias de poblaciones afectadas, así como saberes populares e interdisciplinarios construidos en el marco de las políticas de reparación integral. El proyecto mencionado nace como respuesta a inquietudes emergentes en proyectos de investigación anteriores, en los cuales los sobrevivientes habían enunciado de manera reiterativa inconformidad respecto a la atención psicosocial, ya fuera por falta de la misma, o porque sus formas se percibían en contravía de la recuperación emocional.

Un segundo elemento político a resaltar en la historia reciente de Colombia es la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP (2016). Dicha negociación, entre muchos otros puntos, implicaba el cese de la confrontación armada, lo que suponía un paso adelante en la reconstrucción del tejido social y la coexistencia segura. No obstante, en el escenario del post acuerdo, la reconciliación se ha transformado en un concepto en disputa que requiere no solo el cese de hostilidades, sino una transformación de las narrativas de enemistad por medio del reconocimiento mutuo (Ugarriza et al., 2023).

Como tercer aspecto, se hace importante mencionar el entramado socio-jurídico de transición que en Colombia ha evolucionado desde el surgimiento del Grupo de Memoria Histórica (GMH) y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), hitos que permitieron el tránsito hacia la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2013). Estas entidades fueron pioneras en el reconocimiento simbólico, desplazando el relato oficial hacia la dignificación de las víctimas. No obstante, en el periodo comprendido entre 2020 y 2025, la reconciliación ha tomado un matiz restaurativo gracias al Sistema Integral para la Paz.

La labor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV, 2022), cuyo mandato culminó con el informe Hay futuro si hay verdad, resultó determinante para el reconocimiento de responsabilidades colectivas y la comprensión de las afectaciones territoriales en departamentos como Caquetá, Sucre, Chocó y Caldas. Paralelamente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, 2020) ha avanzado en la implementación de una justicia que no solo castiga, sino que restaura, donde el reconocimiento de la verdad por parte de los comparecientes se erige como el eje central de la reparación.

Teniendo en cuenta el contexto descrito, este estudio cobra relevancia en la medida en que la transición hacia la paz en Colombia no puede limitarse a acuerdos institucionales, sino que requiere una reconstrucción profunda del vínculo social; su pertinencia radica en la necesidad de trascender la visión asistencialista de lo psicosocial para situarlo en una dimensión política y relacional. Como señala Ibarra Caipe (2022), la reconciliación efectiva depende de la capacidad de la sociedad para validar las identidades políticas y las agencias locales de las víctimas, superando su reducción a sujetos pasivos de vulnerabilidad. En este sentido, el abordaje multiactor (víctimas, líderes, académicos y profesionales) resulta imperativo, ya que el reconocimiento no es un acto unilateral, sino un proceso dialógico que se construye en la interacción con el “otro” social e institucional. Investigar estas dinámicas desde diversas voces permite identificar no solo las barreras simbólicas del reconocimiento, sino también las potencias transformadoras que emergen desde los territorios para una reconciliación situada y sostenible. En virtud de lo anterior, este artículo se propone comprender dichos procesos de reconocimiento para determinar las posibilidades reales de justicia restaurativa y convivencia que se gestan en la cotidianidad de las víctimas.

El reconocimiento es una necesidad humana que tiene relación con los procesos de constitución de la identidad; Honnet (1997) advierte su importancia, y manifiesta que un correcto desarrollo de la vida social se logra con el reconocimiento recíproco, lo que a su vez nutre la concepción de cada ser humano sobre sí mismo. El autor refiere tres formas de reconocimiento, el amor, el derecho y la solidaridad.

El amor constituye la experiencia más primaria de reconocimiento en los núcleos privados como la familia, en los cuales el ser humano se sabe necesitado. Por otra parte, el individuo además de tener conciencia de su pertenencia a una red relacional afectiva requiere saberse miembro y partícipe activo de la sociedad; en tal sentido, el reconocimiento jurídico le identifica como ciudadano. En ese orden de ideas, sus derechos y sus deberes se hacen explícitos, lo que se concibe como una orientación moral y ética, por los parámetros sociales que establece. Este marco jurídico es el que se intenta operacionalizar en la realidad nacional a través del sistema de justicia transicional, permitiendo que la categoría de víctima trascienda el estatus de objeto procesal hacia el de sujeto de derechos. Si el derecho constituye una de las formas para ser reconocido, es posible determinar que los problemas asociados a los procesos de reparación integral de las víctimas en Colombia implican consecuencias que trascienden el ámbito legal, y se instalan en el plano psicosocial. Lo anterior, permite comprender por qué la atención psicosocial analizada en este estudio no puede estar desvinculada de la exigibilidad de derechos, pues la falla en el reconocimiento estatal fractura la percepción de seguridad y pertenencia del sobreviviente.

Según Honnet (1997), estas dos formas de reconocimiento hasta aquí mencionadas son insuficientes para lograr una integración social óptima; se requiere también la valoración por parte de la comunidad y los semejantes, que pueden identificar en cada ser humano sus cualidades particulares, elemento necesario para la construcción de relaciones simétricas.

De acuerdo con Honneth (1997) existe una necesidad de,

Cruzar la línea divisoria que históricamente ha existido entre reconocimiento jurídico y valoración social, y esclarecer la forma de reconocimiento de la comunidad de valor (…) hay que saber cómo se constituye el sistema de referencia evaluativo dentro del cual pueda medirse el valor de la cualidad característica de una persona. (p. 140)

Esta valoración en forma recíproca es la que permite la cohesión en un grupo social, pues promueve la protección y solidificación de los valores compartidos. En los territorios de interés de esta investigación, dicha cohesión se traduce en el fortalecimiento del tejido social, donde la autoconfianza y el autorrespeto de las víctimas se reconstruyen en la medida en que su entorno comunitario valida su experiencia y su agencia política.

La importancia del reconocimiento es explicada también por Butler (2010), como una condición compartida por los seres humanos, ya que siempre se está sometido a un otro, a un mundo que determina y sostiene lo que la persona es. El concepto de reconocimiento en los planteamientos de la autora está íntimamente relacionado con el de precariedad, como condición que no es natural, sino inducida políticamente y bajo la cual se establece una valoración de las vidas. En otras palabras, una vida precaria es aquella poco valorada; por ende, no merece ser vivida, contada y llorada; en otras palabras, vidas sin reconocimiento social, lo cual recrudece cualquier tipo de vulnerabilidad que las enmarque. Esta premisa teórica conecta directamente con el problema de investigación, pues el conflicto armado colombiano ha operado bajo lógicas de precarización extrema, donde las víctimas han luchado históricamente por salir de la invisibilidad social y el olvido institucional.

A partir de lo anterior, la alteridad cobra importancia, pues las personas no solo están contenidas en sí mismas, sino que la existencia se configura en una realidad vinculante de integración o no. En palabras de Mélich (2010), las personas se encuentran tanto dentro como fuera de sí, por eso la responsabilidad con el otro es un acto de autocuidado.

El reconocimiento y sus formas tal como se han planteado hasta aquí, se configuran en la palabra, cuya importancia es manifestada por Levinas (2002), quien expresa que a través de ella se construyen las relaciones, y se desdibuja el silencio propio de la indiferencia, el olvido, la evasión, la marginación, y la exclusión. Además de la palabra, otro mecanismo que dinamiza el reconocimiento es la escucha, pues como lo plantea Jelin (2002), la necesidad de la narración puede caer en el silencio por la falta de oídos dispuestos a escuchar.

A partir de los planteamientos expuestos, se evidencia la relación entre el reconocimiento y la reconciliación social; esta última, desde la noción conceptual, se entiende como un camino, un proceso, que no se circunscribe a la inmediatez, sino que requiere detenimiento, diálogo, escucha, circulación de la voz, y reconocimiento de lo históricamente negado (Beristain, 2005); depende en gran medida de las oportunidades para la verdad y la justicia (Beristain, 2000); es decir que el reconocimiento jurídico cobra protagonismo. De otro lado, se entiende que la reconciliación implica la coexistencia segura aún en medio de perspectivas diferentes que constituyen tensión (Millar, 2012), de manera que valorar al otro en la diferencia es indispensable para la reconstrucción del tejido social y comunitario (Londoño Lázaro e Idárraga Martínez, 2024).

Esta articulación no solo se explica teóricamente, los antecedentes investigativos recientes demuestran que el reconocimiento en sus diferentes formas configura opciones para la reconciliación social, y en el sentido contrario, la falta de reconocimiento es un obstáculo en la reconstrucción del tejido que ha sido afectado por el conflicto armado.

Estudios como los de Tamayo Nieto (2016), Delgado Barón (2015) y Mora-Gámez (2016) establecen que la Ley 1448 del 2011 presenta inconsistencias que dejan en desventaja a los afectados por el conflicto, lo que supone un efecto contrario a los propósitos para los cuales fue creada. Así mismo, Aguirre Aguirre (2019) cuestiona el reconocimiento de la misma ley para algunos victimarios, pues las condiciones de reclutamiento forzosas implican una condición victimizante. En este orden de ideas, el estudio de Villa et al. (2015) expresa que “el reconocimiento de víctimas por parte del Estado no es un reconocimiento en sí, sino un diligenciamiento de formatos por parte del funcionario que sigue al pie de la letra el instructivo del FUD” (p. 233); de esta forma, los relatos se transforman en códigos, y se configuran como casos exitosos de inclusión por la figuración en la cifra oficial del RUV (registro único de víctimas), que es gestionada por el Gobierno, y que finalmente se traducirán en indicadores de gestión.

Aparte de los cuestionamientos sobre el reconocimiento jurídico, algunos autores se enfocan en el reconocimiento social; por ejemplo Villa Gómez (2013, 2015) y Torres Ávila (2013) cuestionan la ley en las formas que propone y permite acompañar los procesos de memoria histórica. Según los autores, la narración de la memoria puede darse en el marco de dinámicas de poder que sugieren relatos victimizantes, precisamente porque es lo que el estado reconoce como legítimo, convirtiéndose así en un mecanismo de control que anula ciertas narraciones urgentes de recuperar, como aquellas que subrayan potencialidades, resiliencia, resistencia, y lucha.

Rojas Claros y Gómez Quitián (2020) en sus estudios establecen la relación entre la memoria histórica y la educación, enfatizando en este último como el escenario propicio para promover la memoria, y en este sentido el reconocimiento de aquellos que no solo se han visto afectados por el conflicto, sino que además han sido ignorados, silenciados y relegados. Los autores mencionados, señalan a las instituciones educativas como agentes que, en vez de promover el reconocimiento de los sobrevivientes del conflicto, invisibilizan la violencia. En esta misma línea, Vera Márquez et al. (2014) y Vera-Márquez et al. (2015) realizan estudios sobre inclusión y adaptación de niños y niñas víctimas de desplazamiento a instituciones educativas, y advierten como resultado rechazo y estigmatización a dicha población, asociados a imaginarios errados que tiene la población civil sobre las víctimas.

Por otro lado, en el contexto actual de la “Paz Total” y las nuevas conflictividades urbanas y rurales, el reconocimiento recíproco propuesto por Honneth (1997) adquiere una vigencia crítica, pues la falta de valoración social sigue operando como un motor de exclusión (Ramírez et al., 2025). El reconocimiento jurídico identifica al individuo como ciudadano, pero si el derecho es insuficiente para lograr una integración óptima, se requiere también la valoración por parte de la comunidad. Autores contemporáneos subrayan que la reconciliación no es un estado final, sino un proceso cotidiano que se teje en el reconocimiento de la alteridad y la escucha de memorias plurales (Ospina-Alvarado et al., 2022; Villa-Gómez et al., 2023).

Finalmente, la evidencia recolectada en los últimos años indica que el reconocimiento debe transitar de un modelo asistencialista hacia uno participativo, donde las víctimas no sean vistas como receptores pasivos de políticas, sino como agentes de transformación (Vargas-Sánchez & Benavides, 2023). De acuerdo con lo anterior, la pregunta de investigación es: ¿Cómo a partir de la configuración de espacios conversacionales con diferentes actores del conflicto armado colombiano se pueden desplegar procesos de reconocimiento social que amplíen la posibilidad de reconciliación social en el país?

Metodología

La presente investigación fue de corte cualitativo - hermenéutico. Según Bonilla-Castro y Rodríguez Sehk (1989) la investigación cualitativa pretende aproximarse a las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas inductivamente. Su diseño implicó revisión documental, y metodologías colaborativas y participativas para la construcción de los espacios conversacionales.

Procedimiento

Fase 1: Revisión documental. La revisión documental fue un proceso sistemático de selección de referencias actualizadas y publicadas en revistas científicas que exponían las categorías mencionadas (reconocimiento social y reconciliación social). El procedimiento inició con la búsqueda de información en bases de datos especializadas mediante los descriptores previamente definidos. Posteriormente, el material recuperado fue sometido a procesos de categorización y codificación a través del software ATLAS. Ti

Fase 2: Espacios conversacionales. Se entienden como escenarios de interacción micro-social con diferentes actores. Para la selección de los participantes se utilizó un muestreo por conveniencia y bola de nieve, bajo los criterios de inclusión de: ser mayor de edad, residir en los municipios priorizados y haber participado activamente en procesos de reparación o acompañamiento psicosocial. Los participantes estuvieron conformados por un total de 15 participantes, distribuidos en grupos heterogéneos que integraron víctimas del conflicto, líderes comunitarios, profesionales de atención psicosocial y académicos. El trabajo de campo se ejecutó a través de 11 encuentros de discusión (4 en Riosucio, 3 en Samaná y 4 en Sincelejo y Ovejas), con una duración promedio de 60 minutos por sesión. En estos encuentros se emplearon técnicas dialógicas y narrativas, como la línea de tiempo y la cartografía social, permitiendo que la palabra circulara en un entorno de confianza.

La experiencia de las conversaciones colectivas, propuestas desde la metodología, no solo dio paso a diálogos propositivos y reflexivos, sino también permitió ampliar las voces implicadas en los procesos de reconocimiento social, siendo la pluralidad un elemento fundamental en la reconciliación social en Colombia. Considerando que el trabajo de campo fue desarrollado en el mismo contexto del proyecto “Modelo de acción psicosocial comunitaria desde la perspectiva de las memorias de las víctimas en Colombia” (Minciencias) se realizó el trabajo con los mismos actores sociales en virtud del trabajo en red adelantado en los territorios de Samaná y Riosucio (Caldas) y Sincelejo y Ovejas (Sucre).

Fase 3: Análisis de la información. Todas las conversaciones fueron grabadas en audio, previo consentimiento informado de los participantes, y transcritas textualmente. El análisis se realizó bajo los lineamientos de la Teoría Fundamentada en su nivel descriptivo, utilizando el software ATLAS. Ti para el soporte organizativo. El proceso inició con una codificación abierta, donde se identificaron unidades de significado emergentes a partir de las narrativas de los participantes. Posteriormente, se realizó una codificación axial para establecer relaciones entre las categorías de “reconocimiento jurídico”, “valoración social” y “obstáculos para la reconciliación”. Finalmente, el análisis integró la triangulación de datos entre los diferentes perfiles de participantes (víctimas vs. profesionales) y la teoría de Honneth, permitiendo identificar patrones comunes en las experiencias de reconocimiento. Se realizó una distribución categórica que permitiera clasificar y contrastar la información obtenida, además de que permitiera estructurar y construir conclusiones sustentables en la información recolectada; lo anterior facilitó agrupar los datos por categorías que cumplieran con los criterios referidos a la búsqueda de significados (Galeano, 2009).

Resultados

Preguntarse por los abordajes de una realidad social que transita en el posconflicto requiere de la asunción de diferentes maneras de mirar y de escuchar las múltiples voces y actores que protagonizan los procesos de reconocimiento y reconciliación social. Por esta razón la presentación de resultados se postula desde dos preguntas que dan forma a lo encontrado en el proceso investigativo: ¿Quiénes reconocen? y ¿Cómo reconocen?

¿Quiénes reconocen?

Se inicia con este interrogante puesto que se hace pertinente trascender de la pregunta por el qué a las preguntas por los quiénes. Las indagaciones por el ¿qué? se han quedado en la construcción sustancialista de categorías que en ocasiones terminan reduciendo a los sujetos. Por su parte, la pregunta por los quienes amplía la perspectiva para entrar en la dinámica relacional y rescatar el componente ético que en ocasiones es abandonado en las definiciones cerradas.

En palabras de Mélich (2010), la sociedad moderna, en la máquina burocrática, ha preferido el qué que ha desplazado cada vez más al quién soy. En este sentido, el ¿qué es el reconocimiento? se queda en un enunciado esencialista, sin rostro, lejano de las realidades que los atraviesan. Los ¿quiénes reconocen? hacen alusión a los rostros, las miradas, los gestos. En este apartado se enuncian diversos “quiénes” que están implicados en los procesos de reconocimiento: El Estado, los profesionales encargados de los procesos de atención psicosocial, la población víctima y las nuevas generaciones.

En los encuentros conversacionales el primer quién que aparece en el diálogo es El estado; este se percibe como el principal actor en los procesos de reconocimiento jurídico, como protagonista en la garantía y reivindicación de derechos. Es el actor al que van dirigidas gran parte de las acciones de la población víctima del conflicto armado.

Y nosotros queríamos que nos vieran, queríamos visibilizarnos, recibir capacitaciones, orientaciones para saber cómo actuar. Entonces empezamos a averiguar y nos dijeron lo primero que tienen que hacer es organizarse y conformar una organización para que puedan tener representación legal, para acceder también a las ofertas institucionales. (Comunicación personal, mujer, Sucre, noviembre 05 de 2021)

Al respecto, Villa-Gómez et al. (2023) y Ospina-Alvarado et al. (2022) sostienen que, si bien el derecho otorga una identidad ciudadana formal, la integración social óptima solo se alcanza mediante la valoración comunitaria. Esta distinción es crucial para entender por qué las víctimas en Sucre y Caldas no solo demandan decretos, sino que la reconciliación se entienda como un tejido cotidiano fundado en la alteridad y la escucha de memorias plurales.

La ‘visibilización’ como forma de reconocimiento y como necesidad de cobrar existencia ciudadana, ante el impacto de los hechos violentos que han dejado a las víctimas en una situación de despojo, en un grado de vulneración, en el cual se sienten en un campo de invisibilidad, por lo que necesitan cobrar rostro, voz y existencia, en el grado mínimo de sujetos de derecho, que es proporcionado por las acciones de reconocimiento jurídico.

En este sentido, es importante señalar que el Estado como actor y concepto político, cuenta con instituciones que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco del territorio nacional, las cuales a su vez están conformadas por profesionales que dan rostro y vida al escenario institucional. Por tal razón, la mirada de los profesionales cobra una singular relevancia en esta pregunta por los quiénes, el abordaje profesional contempla más allá de la atención, procesos de reconocimiento o ausencia del mismo.

La gente está cansada de que los profesionales del PAPSIVI lleguen, hagan una priorización desde una oficina de Bogotá, que los agentes o los trabajadores en el terreno (…) cumplan metas y la gente quede en una situación de incertidumbre. (Comunicación personal, hombre, Sucre y Bolívar, 27 de julio de 2021)

Este quién que emerge en los espacios conversacionales es de importante relevancia para las víctimas, puesto que son los rostros que trascienden lo normativo. La mirada de estos agentes es crítica, pues el acompañamiento puede derivar en una práctica deshumanizante cuando se prioriza el cumplimiento de indicadores sobre la realidad territorial. Este hallazgo interpela la ética del abordaje profesional, sugiriendo que el reconocimiento solo es efectivo cuando trasciende lo normativo y se adapta a las necesidades del contexto.

Esta tensión entre la norma y la empatía dialoga con los planteamientos de Ibarra Caipe (2022), quien argumenta que la reconciliación efectiva está supeditada a la capacidad de la sociedad para validar las agencias locales de las víctimas. Al reconocer sus identidades políticas, se supera la tendencia institucional de reducirlas a “sujetos pasivos de vulnerabilidad”, devolviéndoles su lugar como actores con capacidad de transformación en sus propios territorios.

Otro actor importante en los procesos de reconocimiento es la “sociedad civil” - quienes no han sido directamente afectados por el conflicto armado-. De forma que, se evoca a Honneth (1997) en relación con la necesidad de cruzar la “línea divisoria entre reconocimiento jurídico y valoración social” (p. 140), se hace importante dilucidar el posicionamiento de la población civil en los procesos de reconocimiento que buscan dos niveles de trascendencia. El primero en relación con el aspecto netamente jurídico y el segundo con la perspectiva dicotómica víctima-victimario que niega la necesidad de respuesta de la sociedad civil.

Los últimos dos quienes, que son enunciados en los escenarios conversacionales son las mismas víctimas y las nuevas generaciones. Los procesos de reconocimiento no son espacios externos, no son procedimientos extrínsecos otorgados por unos otros ajenos, no es una acción que termine con una resolución normativa. Se configuran como escenarios intersticiales, en los cuales se destaca el relacionamiento con los actores ya mencionados y con ellos mismos, lo que permite el desarrollo de acciones en sus propios territorios.

Hemos aprendido a reconocernos en el otro y más al compartir esa condición de víctimas, entonces podemos entender el dolor que siente el otro, si bien no de manera exacta comprendemos que esa otra persona que está a mi lado también ha tenido que vivir experiencias muy fuertes que la han llevado a encontrarse conmigo. (Comunicación personal, mujer, Caldas-Riosucio, equipo interpsicosocial, 09 de octubre de 2021)

En esta misma línea, para la población directamente afectada por el conflicto armado es importante la mirada y la perspectiva que pueda emerger en las nuevas generaciones, ellos se convierten en los quienes importantes en las acciones de reconocimiento social, puesto que se destaca la intergeneracionalidad, la cual supone la interacción constante entre generaciones coexistentes, ligados por la cotidianidad compartida y la búsqueda de un sueño o futuro conjunto.

Teniendo en cuenta los quienes mencionados - El estado, los profesionales, la población civil, las mismas víctimas y las nuevas generaciones- se postula entonces realizar un zoom de estos actores respondiendo la segunda pregunta orientadora sobre el ¿cómo reconocen?

¿Cómo reconocen?

Transitar de la enunciación de los múltiples ¿quiénes? al ¿cómo reconocen? permite indagar por las acciones específicas de reconocimiento o no reconocimiento, por cómo aparecen estos diversos otros en las experiencias compartidas. Puesto que la noción de reconocimiento no se articula solo como concepto, sino como experiencia. Si bien la Ley 1448 de 2011 es valorada como un “ingrediente importante que dio una apertura” normativa (Mujer de Riosucio, 02 de septiembre de 2021), el análisis revela una tensión entre la existencia legal y la calidad de esa existencia. Los relatos sugieren que la institucionalización de la memoria ha terminado, en ocasiones, por “mercantilizar” el dolor.

“Me gustó mucho lo técnico, porque fue la 14- 48, es que la 14-48 nos dio reconocimiento a nosotros como víctimas y fue un primer momento. Para mí es un ingrediente importante que dio una apertura” (Comunicación personal, mujer, Asociación de víctimas de Resguardo Indígena Escopetera y Pirza, Riosucio- comunidad el Guayabo, 02 de septiembre de 2021).

No obstante, aunque tener nombre y lugar concede una posibilidad de existencia, es pertinente detenerse a cuestionar qué lugar y qué existencia tiene el uso de estas categorías y qué efectos tienen en las formas de relación. “Las víctimas terminan trabajando bajo la premisa de que el que más se queje… es el que más se queje, es el que más tiene porque eso es lo que se ve” (Comunicación personal, mujer- directora de la URT, Sucre y Bolívar, 27 de julio de 2021).

“En el pasado era como que las familias hablaban de lo triste que se sentían, pero era el único relato que les servía a las organizaciones, cierto, las memorias del dolor” (Comunicación personal, mujer actor profesional, Caldas- Samaná, 27 de agosto de 2021).

Estas formas de enunciación por parte de los profesionales y funcionarios públicos trascienden lo escrito en la normativa y devela las formas de relación que se configuran bajo la mirada de la carencia, de la queja, de lo que se vende. Es decir, aunque la normativa hace referencia a la integralidad, se configuran relaciones en torno a la premisa de la clasificación cosificante, el otro como mercancía -que se vende-, el otro reducido a la queja, no a la reivindicación.

De esta forma la sensación de reconocimiento por parte de la población víctima es leída como presente-ausente, se destaca la importancia del avance normativo y algunos procesos de reparación, pero a nivel de alcance, de formas relaciones y de posicionamientos institucionales, se identifican dificultades en los procesos.

En el escenario del postacuerdo, como sugieren Ugarriza et al. (2023), la reconciliación se ha convertido en un concepto en disputa. No basta con el cese del fuego; se requiere una transformación profunda de las narrativas de enemistad. En los relatos de los participantes, el “cómo” del reconocimiento aparece precisamente como esa herramienta capaz de sustituir la estigmatización por un reconocimiento mutuo que desactive la lógica del adversario.

Esta percepción de un reconocimiento “presente-ausente” se agudiza en la brecha rural-urbana. Como sugiere Butler (2006), existe una distribución diferencial de la vulnerabilidad; en Samaná, los habitantes rurales perciben que la reparación se concentra en el casco urbano mientras la periferia “sigue en las mismas” (Comunicación personal, Carmenza, 20 de agosto de 2021), lo que altera la percepción de su valía social. A esta exclusión institucional se suma el estigma de la población civil, que asimila al desplazado con sospecha. Testimonios en la Finca La Europa relatan cómo el rechazo se verbalizaba en frases como “¡cierra la puerta que vienen los desplazados!”, asumiendo que “si se vinieron huyendo es porque algo han hecho” (Comunicación personal, Sincelejo 20 de julio de 2021). Este “no reconocimiento” reduce a la víctima a una caricatura despreciable que justifica su exclusión.

Este fenómeno de “no reconocimiento” o valoración diferenciada de la vida se combate, paradójicamente, desde las bases. Las acciones de “juntanza” identificadas en los resultados funcionan como una respuesta a la precariedad inducida; allí, la reconciliación deja de ser un ideal abstracto para convertirse en una práctica de resistencia política que valida las identidades locales (Ibarra, 2022).

Por esta razón, la población víctima encuentra, entre ellos mismos, unas formas de reconocimiento que rompen con las dinámicas anteriormente señaladas; son formas de resistencia a la reducción, empezando incluso con la resignificación de los hechos victimizantes, los cuales no son sentidos de forma individual, sino como sucesos y daños colectivos, un dolor compartido al cual responden de manera cohesionada.

“Hemos aprendido a reconocernos en el otro y más al compartir esa condición de víctimas, entonces podemos entender el dolor que siente el otro” (Comunicación personal, mujer, Caldas-Riosucio, equipo interpsicosocial, 09 de octubre de 2021).

Estas formas de ampliación del reconocimiento trascienden las acciones de reconocimiento jurídico; se plantean las acciones de valoración social que postula Honneth (1997) en relación con el reconocimiento de las cualidades de cada sujeto, pero no como cualidades aisladas que se desarrollan en función de un solo individuo, sino que estas deben ser puestas en función de la comunidad, contribuyendo así aportes significativos dentro de la misma. En Florencia (Samaná), el reconocimiento transita hacia la identificación de capacidades colectivas: desde la gastronomía hasta la enseñanza. Una líder local describe cómo el grupo se sostiene en el reconocimiento de habilidades particulares —“Luz Dary sabe hacer jabones”, “Marielita para porcionar carne”—, demostrando que la valoración recíproca nutre la autoconfianza y la cohesión comunitaria (Comunicación personal, 15 de diciembre de 2021).

Este tránsito desde el dolor hacia la potencia creativa confirma que la reconciliación es, fundamentalmente, un proceso que se teje en la cotidianidad del reconocimiento de la alteridad (Villa-Gómez et al., 2023). Al valorar las cualidades particulares de cada miembro, la comunidad no solo repara el daño, sino que reconstruye un sentido de pertenencia que la institucionalidad, por sí sola, no alcanza a cubrir.

Reconocerse en lo múltiple como acto de acogida, como morada del otro y como resistencia a las formas de instrumentalización que los reduce a la categorización univocal de víctimas, es una forma de recuperar la “humanidad”. Como lo señala Arendt (2001), la pluralidad es uno de los rasgos esenciales de la condición humana: “Los hombres, no el Hombre, viven en la tierra y habitan el mundo” (p. 22). De forma que la reducción del otro en una categoría es una manera de deshumanización discursiva, puesto que experimentar la propia vida descrita con mayor riqueza abre nuevas posibilidades para la acción en el mundo.

Para finalizar este apartado, es pertinente mencionar la ampliación de posibilidades de acción que se aumenta hacia otros quienes, desde una perspectiva intergeneracional, como otras estrategias de resistencia a la reducción. Es una resistencia a las formas de relacionamiento actuales que están caracterizadas por la erosión de lo comunitario, la fragmentación de los vínculos y la dificultad en la capacidad de congregación.

Si bien la mayor parte de los participantes en la investigación fueron adultos y personas mayores, los espacios conversacionales generaron un lugar especial en relación con los procesos con los jóvenes, en el sentido de la importancia de enseñarles y transmitirles lo vivido.

Tratar de enseñarle a los hijos cosas que, enseñarles como lo que uno vivió y de eso sacar como un poquitico para que ellos traten de vivir en paz, como enseñar tolerancia, respeto por las demás personas, por la vida, respeto por tantas cosas y bueno, cosas que uno las va superando como a medida que va pasando el tiempo y va uno aprendiendo de que a sacar lo positivo de que independientemente de lo que uno vivió estamos vivos y hay que seguir luchando y a seguir adelante. (Comunicación personal, mujer, COOMIPAZ y Mujeres confeccionistas por la paz, Caldas- Riosucio, 29 de noviembre de 2021)

En relación con lo anterior, Jelin (2002) plantea la importancia del tema de “transmisión generacional (…) en torno a saberes, conocimientos, hechos, conductas o valores, la cual funciona como una manera de reproducción social y cultural” (p. 123). La cuestión de la transmisión se despliega en tres vías: “la inercia social de los procesos de transmisión de tradiciones y saberes sociales acumulados (…) la acción estratégica de emprendedores de la memoria y los procesos de transmisión entre generaciones” (p. 125).

Como forma de resistencia a los procesos de inercia social de transmisión automática, irreflexiva y pasiva, surge la necesidad de una memoria activa que cuestione los mandatos del pasado y permita la resignificación de la experiencia traumática en el presente. En este sentido, la población víctima del conflicto armado considera la posibilidad y la necesidad de “creación de procesos más complejos de identificación y apropiación del sentido del pasado, para interrumpir la permanencia de las ecologías violentas” (Jelin, 2002, p. 125), de manera que la transmisión entre generaciones debe procurar por “la transmisión de la reflexividad que atenta contra la transmisión automática de patrones sociales de comportamientos explícito” (Jelin, 2002, p. 126), reconociendo que “los sujetos no son receptores pasivos sino agentes sociales con capacidad de respuesta y transformación” (Jelin, 2002, p. 35).

En este sentido, se resalta el papel activo de los jóvenes como actores importantes para tomar las riendas de las diferentes organizaciones, que sean ellos los que continúen con su legado, manteniendo viva la memoria y dirigiéndose a una posibilidad de cambios de las respuestas de violencia.

Yo personalmente como joven y líder de aquí de Ovejas personalmente me he tomado la vocería de hace ya de más de 4 años porque el sentir personal me obliga a eso además de la indignación del tratamiento a las víctimas y todo lo que pasa con el gobierno también me causa indignación, todo lo que pasa aquí que no llega nada aquí, por la politiquería no llega nada a los territorios por eso nos indigna y nos hace salir y defender. (Comunicación personal, hombre, Sucre- Sede asociación de campesinos y campesina Finca La Europa, 20 de julio de 2021)

La necesidad de enseñar a los hijos a “vivir en paz” se conecta con el desafío actual del sistema transicional: la labor pedagógica de la CEV (2022) y la JEP (2020) solo será sostenible si logra influir en los procesos de transmisión generacional que describe Jelin (2002). Siguiendo a Ugarriza et al. (2023), es en la juventud donde el reconocimiento mutuo puede cristalizar como un nuevo sentido común, interrumpiendo la herencia de las ecologías violentas y garantizando que el legado de la memoria sea una herramienta de transformación y no un peso irreflexivo del pasado.

Discusión

A partir de los hallazgos planteados, se esboza un campo amplio de articulación entre los procesos de reconocimiento social experimentados por las víctimas sobrevivientes del conflicto armado y las posibilidades para la reconciliación que hace tiempo se problematizan con el fin de identificar horizontes claros de acción que permitan la reconstrucción del tejido social herido, fragmentado y afectado por las décadas de confrontación armada en el país.

La reconciliación como un proceso que no se concibe solo como acción entre grupos poblacionales, sino que convoca a una sociedad en pleno, implica varios elementos que transitan en el ordenamiento legal, social, económico, cultural, entre otros, constituyéndose así en un proceso complejo, múltiple y de largo alcance. Según Beristain et al. (2011), la reconciliación implica “la recuperación de algunas relaciones sociales destruidas por la violencia y la búsqueda de nuevas formas de organización política y consenso social” (p. 14). Esta recuperación no debe entenderse únicamente como una gestión administrativa, sino como un proceso socioemocional profundo que, en palabras de Alzate et al. (2018), requiere de la transformación de las orientaciones emocionales colectivas para facilitar el contacto entre grupos antes enfrentados. En este mismo sentido, en el escenario del post acuerdo actual, la reconciliación no puede limitarse al cese de hostilidades. Estudios recientes como el de Ugarriza et al. (2023) sostienen que la reconciliación social depende críticamente de cómo la sociedad civil procesa la inclusión de quienes fueron marginados por la guerra. Esto coincide con lo hallado en los diferentes territorios, donde la transformación de las dicotomías internas y la superación de tensiones fracturantes aparecen como el común denominador para la paz. Para que este tránsito sea efectivo, es imperativo abordar lo que Villa Gómez et al. (2019) denominan barreras para la reconciliación, las cuales se asientan en prejuicios y relatos de odio que impiden ver al otro como un par legítimo.

Uno de los elementos más importantes es la verdad, la cual visibiliza el daño y genera reconocimiento. Desde la perspectiva del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), la verdad tiene un potencial dignificador que permite a las víctimas transitar desde el silencio impuesto hacia la palabra pública. Sin embargo, la justicia y el reconocimiento jurídico, aunque fundamentales, han mostrado limitaciones. La Ley 1448 de 2011 marcó un hito en la reparación integral; pero, como advierten Ospina-Alvarado et al. (2022), persiste una brecha entre el reconocimiento legal y la estigmatización social que las víctimas enfrentan en su cotidianidad.

Este fenómeno sugiere que el reconocimiento jurídico es insuficiente si no va acompañado de una transformación de la identidad social de la víctima; según Villa Gómez (2015), la construcción social de la identidad de “víctima” puede, en ocasiones, fijar al sujeto en el dolor, impidiendo su evolución hacia una ciudadanía plena y activa. El daño sólo se mitiga si el reconocimiento jurídico se traduce en una mejora real de las condiciones de vida y en la eliminación del miedo.

Contrastando los hallazgos con la literatura actual, se observa que el reconocimiento debe transitar de una mirada asistencialista hacia la validación de la subjetividad política. Ibarra (2022) resalta que el reconocimiento es un componente ético que permite a la víctima posicionarse como un interlocutor válido en la construcción de paz, superando la categoría de “víctima sufriente” para asumirse como sujeto político. Esta transición es vital porque, como señala Acevedo Arango (2017), los procesos de memoria no solo sirven para recordar lo perdido, sino para agenciar el presente. Esto es evidente en las prácticas de resistencia y “juntanza” identificadas en Riosucio y Samaná, donde las víctimas agencian su propio dolor a través de redes de apoyo. Estas redes funcionan como espacios de reparación simbólica que, de acuerdo con Villa et al. (2015), complementan las medidas de satisfacción y rehabilitación al devolver el sentido de comunidad y pertenencia.

Hasta aquí queda esbozada la importancia del reconocimiento para la reconstrucción del tejido social; ahora bien, también es claro que los logros obtenidos hasta el momento han sido una lucha de las víctimas sobrevivientes, y tanto el estado, como las instituciones, los profesionales, y la población civil no afectada están en deuda. En este punto, la educación y el diálogo se tornan fundamentales; autores como Ortega Valencia (2016) destacan que la escuela y la universidad son escenarios donde debe gestarse un pensamiento crítico que reconozca la pluralidad de memorias para evitar la repetición del conflicto.

Hasta el momento, las víctimas sobrevivientes han desplegado mecanismos de resistencia mediante los cuales han exigido la garantía de los derechos, también han logrado agenciar su propio sufrimiento mediante grupos de apoyo, o artísticos, que logran denunciar y tramitar lo vivido; sin embargo, las prácticas e iniciativas de memoria aún no han sido suficientemente visibilizadas como dispositivos para entablar una conversación en la cual la sociedad los reconozca y los integre como algo más que las víctimas sufrientes, que según Acevedo Arango (2017) es la categoría que denota el atrapamiento en el dolor, que no pasa a ser reconocido como dolor social. Teniendo en cuenta la clasificación del autor, la sociedad debe reconocer a las víctimas como supervivientes, es decir que no solo experimentan un dolor individual que proviene de la afectación directa, sino que además viven un duelo por una sociedad mejor, desprendiendo con ello un sujeto político, que con su lucha ha concretado aprendizajes importantes no sólo para su recuperación, sino para la reconstrucción del tejido social y comunitario y por ello debe ser escuchado e interpelado.

Asimismo, los hallazgos sobre la disposición de las víctimas hacia la reconciliación encuentran respaldo en Villa-Gómez et al. (2023), quienes demuestran que, paradójicamente, las personas directamente afectadas por el conflicto suelen presentar creencias sociales más favorables hacia la convivencia que aquellos no afectados. Esta “disponibilidad” de los sobrevivientes exhorta a los demás actores a participar activamente. Para ello, el diálogo se presenta como el mecanismo idóneo para construir confianza, un elemento que Vargas-Sánchez y Benavides (2023) identifican como esencial para fortalecer la agencia de las víctimas dentro del sistema de verdad, justicia y reparación. Para ello es necesario construir una atmósfera de confianza, pues este es un elemento que, como señalaron Casas-Casas et al. (2020), tiene un impacto significativo en la disposición de los actores sociales para reconciliarse

Una de las ventajas del diálogo como dispositivo que promueve reconocimiento y reconciliación es que es una forma conversacional que puede desplegarse en diferentes escenarios, algunos de los cuales se advierten claves en el horizonte de futuro que se pretende discutir aquí son la escuela y los medios de comunicación.

Los centros educativos tienen el potencial de que además de ser agentes de socialización importantes para los sujetos, configuran espacios colectivos que facilitan el intercambio de información, y con ello circulan diversas perspectivas. Con base en ello, las escuelas, los colegios y las universidades representan oportunidades para la promoción de reconocimiento social, pues como lo expresan Villa Gómez et al. (2019), si hay “orientaciones emocionales colectivas” (p. 51) habrá transformaciones en las barreras para la reconciliación, desarrollando “actitudes y acciones que fortalezcan un proceso de negociación” (p. 54). Así mismo, Rincón Ospina (2021) hace énfasis en la importancia de la educación en los procesos de reconciliación, pues la primera es una herramienta que no solo está enfocada en la adquisición de conocimiento, sino también en la transformación, cohesión e inclusión social. Bueno Cipagauta (2017) propone que la pedagogía social:

Juega un papel fundamental en todas las acciones de implementación para la reconciliación, pues permite la transformación de los imaginarios sociales que se consolidaron en el marco del conflicto armado. A la vez que promueve, los liderazgos sociales no violentos de las víctimas, de los ex combatientes y de la sociedad en general. (p. 23)

Los medios de comunicación son también un agente de socialización con gran responsabilidad en la transformación de imaginarios sociales que legitiman el conflicto, la polarización y la fragmentación de las relaciones, dado su potencial persuasivo. Más que informar y entretener, los medios tienen implicaciones de orden afectivo, así lo explican Green y Brock (2000) en el concepto de transforme narrativo, que significa una pérdida de atención del sujeto de su propia realidad para centrarse en los relatos presentados, con lo que se activa la imaginación y emergen imágenes mentales con efecto emocional. Dicho transporte puede conducir a cambios en las creencias sobre el mundo social que se representa en la narración.

Por esta razón a partir del análisis realizado, se derivan tres líneas de acción práctica para fortalecer los procesos de reconciliación en los territorios:

Hacia una presencia institucional con rostro territorial: Resulta imperativo que el Estado y sus instituciones transiten desde una lógica burocrática de “cumplimiento de metas” hacia un encuentro genuino con la singularidad de los territorios. Esta transición implica reconocer que la atención psicosocial no es un indicador administrativo, sino un acto de cuidado que debe habitar la ruralidad dispersa. Solo mediante una presencia que reconozca el abandono histórico será posible restaurar la confianza institucional y mitigar el sentimiento de exclusión social que hoy fragmenta la identidad del campesinado.

Una pedagogía de la alteridad y el reconocimiento del potencial: La reconciliación requiere una transformación en las narrativas que la sociedad civil construye sobre el otro. Es necesario transitar de una mirada que solo contempla el dolor y la carencia, hacia una que valide la agencia y las capacidades organizativas de los sobrevivientes. Esta perspectiva busca desarticular el estigma del “desplazado” como una categoría devaluada, para dar paso a una valoración social donde la comunidad reconozca en la víctima a un actor con saberes y aportes vitales para la reconstrucción del tejido común.

La intergeneracionalidad como puente de memoria y esperanza: La sostenibilidad de la paz reside en la capacidad de tejer vínculos de sentido entre las generaciones. Los procesos de transmisión de saberes hacia los jóvenes no deben ser vistos solo como formación, sino como un acto de herencia ética. Al fomentar escenarios donde la “indignación” juvenil se transforme en subjetividad política y compromiso ciudadano, se garantiza que el tejido social no solo sea resistente a la violencia, sino que sea capaz de imaginar futuros compartidos basados en la memoria y el autorrespeto.

Las propuestas aquí expuestas para la promoción del reconocimiento en una sociedad que pretende avanzar en el proceso de reconciliación social refieren una conciencia plena del otro, de su demanda, de su vulnerabilidad, y con ello de la propia. Como plantea Mélich (2013) desde la noción de que lo humano es una ruptura de la autosuficiencia, y en ese mismo sentido el requerimiento del otro es constante.

Conclusiones

A la luz de los hallazgos presentados, se concluye que el reconocimiento social efectivo constituye la base ética fundamental para la construcción de la paz; este no debe entenderse como un acto pasivo de recepción de beneficios estatales, sino como un proceso dinámico de validación de la víctima en su calidad de sujeto político. En este sentido, la investigación confirma que cuando se reconoce la dignidad y la agencia de las víctimas, su disposición hacia la reconciliación se incrementa, transformándose en un motor de cambio en sus respectivos territorios. No obstante, para que este reconocimiento sea efectivo, existe una necesidad imperante de que las instituciones transiten de un modelo de reparación asistencialista —centrado en la carencia— hacia un enfoque basado en el desarrollo de capacidades y subjetividades políticas. Esta transición es crucial para cerrar la brecha existente entre el marco normativo de la Ley 1448 y la realidad territorial, mediante políticas que combatan la estigmatización y promuevan una inclusión social auténtica.

Por otra parte, resulta significativo identificar la paradoja de la disposición a la paz, donde las víctimas directas manifiestan una apertura al diálogo y la convivencia superior a la de otros sectores de la sociedad civil. Esta postura ética debe consolidarse como el eje de las pedagogías de paz nacionales, empleando el testimonio y la memoria no solo como un archivo del pasado, sino como una herramienta pedagógica vital para las nuevas generaciones. Finalmente, las iniciativas locales en municipios como Riosucio y Samaná demuestran que la reconstrucción del tejido social emerge del reconocimiento mutuo del dolor y la resistencia. Así, la memoria histórica se revela no como un ejercicio meramente académico, sino como una práctica cotidiana de cuidado y justicia que faculta a las comunidades para proyectar un futuro compartido y libre de violencia.

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